Los responsables de los servicios de comedor escolar respiran aliviados después de que el presidente Donald Trump firmara, a finales de diciembre, la Ley Agrícola de 2018, por un importe de $867 mil millones. Entre los aspectos más controvertidos de la legislación se encontraba la elegibilidad para recibir cupones de alimentos, lo que habría tenido graves consecuencias para el programa de comidas gratuitas y a precio reducido.
Tras la expiración de la anterior Ley Agrícola a finales de septiembre, los legisladores de Washington, D.C., se apresuraron a introducir cambios en una Proyecto de ley de 1.000 páginas que abarca la mayoría de las políticas relacionadas con la agricultura estadounidense. La Ley Agrícola, que suele renovarse cada cinco años, regula aspectos que van desde las ayudas agrícolas hasta los seguros de cosechas, pasando por la investigación en materia de conservación y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como «cupones de alimentos».
A principios de 2018, la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU. aprobaron versiones diferentes de la Ley Agrícola. El proyecto de la Cámara de Representantes pretendía modificar las normas de elegibilidad, lo que habría afectado a personas de varios estados que reciben automáticamente prestaciones del programa SNAP en función de sus niveles de ingresos. La propuesta de la Cámara de Representantes exigía requisitos laborales estrictos a los beneficiarios del SNAP. Los hijos de las personas que no cumplieran los requisitos podrían haber sido excluidos del programa automático de comidas escolares, una medida que habría afectado a unos 265 000 alumnos que reciben almuerzos gratuitos o a precio reducido. La versión del Senado de la Ley Agrícola no modificó las normas de elegibilidad.
Justo antes de que finalizara el año legislativo, la Cámara de Diputados aprobó una versión del proyecto de ley sin restricciones al SNAP por 369 votos a favor y 47 en contra. A continuación, el proyecto de ley fue aprobado en el Senado por 83 votos a favor y 13 en contra, y fue promulgada como ley por el presidente el 19 de diciembre.
